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29/07/2024

Murcia, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la de Valencia alertan de las graves consecuencias de las próximas reglas de explotación del trasvase

Imagen de la reunión en defensa del Trasvase Tajo-Segura celebrada este lunes en el Palacio de San Esteban a la que han asistido representantes de las comunidades de Andalucía, Valencia y Madrid

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2024 La Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Comunidad Valenciana reafirmaron hoy su defensa del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura ante la próxima publicación de las nuevas reglas de explotación que regirán los envíos al Levante, derivadas del incremento de caudales recogido en el Plan Hidrológico del Tajo, y alertaron de las “graves consecuencias que tendrán, especialmente para el sector agrario”. 

Así lo expresó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su intervención en la Cumbre en defensa del Trasvase Tajo-Segura, que se celebra en Murcia y que contó con con la presencia de sus homólogos de la Comunidad Valenciana, Miguel Barrachina, de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, así como el secretario  general de Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, quienes fueron recibidos por el presidente regional Fernando López Miras antes de la reunión. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura también manifestó su apoyo a la Cumbre.

Rubira indicó que “la situación en la que nos encontramos es muy desfavorable, en primer lugar porque se prevén impactos muy negativos en nuestras comunidades autónomas como consecuencia del plan del Tajo, y en segundo lugar, por el camino emprendido por el Ministerio para la Transición Ecológica en contra de la posibilidad de una planificación hidrológica nacional, dado que ha permitido que un plan de cuenca invada y se apropie de decisiones que ponen en riesgo la viabilidad del Trasvase”. 

“Las cuatro regiones que hoy nos sentamos en la misma mesa, y que representamos a 22 millones de españoles, denunciamos los efectos adversos que sobre nuestros territorios tiene la planificación hidrológica del Tajo, que el Gobierno de España ha empleado como base a la hora de definir las próximas reglas de explotación”, añadió Rubira, “dado que el incremento de caudales ecológicos tendrá como consecuencia la reducción de unos 100 hectómetros de agua trasvasable cada año”.

Esto conllevará la reducción “casi total de los trasvases para el riego de cultivos cuando los caudales ecológicos se eleven al máximo previsto, algo que podría empeorar si se incrementa también el nivel de desembalse”, añadió.

La Cumbre fue el escenario de la firma de una carta en la que se pone de manifiesto que “los mecanismos de transparencia, participación y concertación han sido incumplidos porque no han dado opción a la participación de todos los afectados por la planificación del Tajo, ni se han tenido en cuenta los costes reales ni los impactos sociales sobre el empleo y la seguridad alimentaria nacional que conllevarán los recortes”. La misiva se enviará a la ministra Teresa Ribera. 

Sara Rubira recordó que “el Ministerio sigue sin aportar una justificación que demuestre que el buen estado de la masa de agua se corresponde con el incremento de caudales ecológicos ni las solicitudes de agua y demandas no atendidas en la zona afectada, han ignorado los diversos informes técnicos en los que poníamos de manifiesto las deficiencias observadas y rechazaron nuestro ofrecimiento de realizar un trabajo técnico conjunto para el desarrollo de las nuevas reglas de explotación”.

Los gobiernos de las cuatro comunidades autónomas ya interpusieron demandas ante el Tribunal Supremo por la modificación de los caudales ecológicos del Tajo y la reducción de las concesiones, “de las que todavía no se ha recibido respuesta·, informó la consejera responsable de Agua. 

Planificación hídrica nacional
En el seno de este encuentro, la consejera aprovechó para reiterar que “la actualización e impulso de la planificación hidrológica nacional es una necesidad ineludible, e ignorarla solo conducirá a agravar la situación que estamos sufriendo. Y debe hacerse sin prejuicios ni reservas, evitando que presiones políticas y territoriales puedan menoscabar la construcción técnica y jurídica de la planificación hidrológica en España”.

Algo para lo que “el Gobierno de España puede contar con nosotros para esa tarea para lo que reiteramos nuestra plena disposición a colaborar lealmente con el Ministerio está abierta y se mantiene intacta en los términos en los que ha sido ofrecida anteriormente, porque hablamos de un problema de Estado que debe afrontarse con compromiso y coordinación”, concluyó.