Cuando se cumple ya un año de la gran manifestación por las calles de la capital de la Región en defensa del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura vital que lleva 31 años generando progreso y riqueza para toda España, seguimos atónitos ante la capacidad del presidente Rodríguez Zapatero para abstraerse de los problemas y seguir mirando hacia otro lado en asuntos que son de su estricta competencia, como la distribución equilibrada y solidaria de los recursos hídricos entre todos los españoles, conforme a lo establecido por nuestra Constitución.
Ser presidente del Gobierno de España no es una obligación, sino un privilegio, e implica muchas tareas y responsabilidades, gratas e ingratas, que deben perseguir el mismo objetivo, defender España como un todo, lo que supone otorgar un trato igualitario a todos los españoles y defender por encima de todo el interés general. Después de más de catorce años como responsable del Gobierno de la Región de Murcia, no seré yo quien diga que la tarea de gobierno es fácil. Lo que sí puedo asegurar es que el camino se allana cuando fijas los límites de tu gestión a la máxima norma de nuestro Estado de Derecho, la Constitución, y a las que, sin excederla, han desarrollado el Estado de las Autonomías, los Estatutos. Salvando las distancias, ambas Leyes, la Constitución y los Estatutos que no la sobrepasan, deben ser para los responsables públicos como las viejas cartillas caligráficas que enseñaban la grafía de las letras siguiendo la inequívoca línea de puntos. Si se respetan las señales, se minimizan las equivocaciones, los accidentes.
El presidente de todos los españoles cuenta con un manual de instrucciones muy claro, la Constitución Española, redactado y aprobado por los representantes del pueblo y que define cuáles son las responsabilidades y obligaciones del jefe del Ejecutivo. Entre ellas, reserva en exclusiva al Estado una serie de competencias que, por su trascendencia y repercusión sobre el bien común, son indelegables en otros niveles administrativos. Así sucede, por ejemplo, con materias como la Defensa de nuestro territorio o la conservación y equitativo reparto de los recursos naturales y estratégicos del Estado. Entre ellos, el agua. Y el cumplimiento de esta tarea, es decir, la potestad misma de Gobierno del conjunto de España, es indelegable.
El problema surge cuando se rebasan los límites de la Constitución o se rebaja el celo sobre lo contemplado en ella. Es decir, cuando se transgrede, por exceso o por defecto. La primera consecuencia, y no pequeña, es la incertidumbre que se genera entre los ciudadanos, el resto de poderes públicos del Estado y los agentes económicos y sociales. Y es en ese punto en el que desgraciadamente se encuentra España, por la pasividad del señor Rodríguez Zapatero.
El barullo institucional, económico, social y político que ha creado Rodríguez Zapatero no tiene precedentes en nuestra historia democrática.
Estrenó su andadura de Gobierno, en el año 2004, con una decisión nociva para la estabilidad y la cohesión territorial, la de desmantelar el Plan Hidrológico Nacional, doblegándose a los intereses de quienes le prometían su apoyo parlamentario, y con la que destruyó el consenso logrado en materia de agua después de años de negociaciones. Tras ello inició un febril proceso de reformas estatutarias, sin marcar previamente cuáles debían ser los límites de dichas reformas. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Y aquí está el ciclón.
Lo último que necesita España, especialmente ahora, inmersa en la más grave crisis económica de su historia, es que la guerra de las competencias autonómicas vaya a más. El presidente del Gobierno tiene que devolver a España a la senda constitucional donde la encontró. Tiene que ejercer las competencias que son exclusivas del Estado y no permitir, bajo ningún concepto, que nada ni nadie injiera en sus deberes legales. Tiene que cumplir con su obligación de garantizar la justicia y la igualdad al conjunto de los españoles, y para ello tiene que empezar por poner coto, sin demora, al caos hídrico nacional que él mismo ha creado. Tiene que acabar con la pretensión de algunas comunidades de arrogarse competencias del Estado que son indelegables.
Los ríos son de España, es decir, de todos los españoles. Los trasvases no se realizan entre cuencas hidrográficas, ni entre comunidades autónomas. Los trasvases son de España a España. Por tanto, quien debe garantizar su solidario reparto es el presidente del Gobierno, es decir, el presidente de todos los españoles. Es él quien ha de resolver este desorden desde la sensatez, desde la coherencia que dicta que el agua es de todos y que, por tanto, cuando se plantea un trasvase de agua para llevarla desde donde sobre a donde no la hay, no se está quitando a unos para dar a otros, sino que se está redistribuyendo para hacer llegar ese recurso clave a todos.
Ramón Luis Valcárcel Siso Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
