La aprobación, hace ahora 32 años, de la Constitución Española dio paso a una nueva etapa para los españoles, para sus instituciones y para la misma estructura del Estado. Estructura cuya solidez y estabilidad descansa, desde entonces, sobre esa piedra angular que sostiene y garantiza nuestro sistema de derechos y libertades como si de la pieza maestra de una bóveda se tratara. Sin ella, el edificio institucional y legal que regulan sus disposiciones y artículos, el que garantiza convivencia en paz, justicia y libertad, correría el riesgo de desmoronarse con estrépito.
Es por ello que, al igual que sucede con nuestros más emblemáticos monumentos, debemos cuidarla, evitarle las tensiones innecesarias que ponen en peligro su robustez y fortaleza por culpa de intereses partidistas y territoriales, que no hacen sino fomentar la desigualdad y amenazar el proyecto común de todos los españoles que la Constitución de 1978 defiende y protege.
Su aprobación y posterior aplicación permitió configurar una España democrática, más participativa y plural, y, por ende, más fuerte, porque otorgó a cada persona la capacidad de intervenir en la construcción de su presente y su futuro.
Y todo ello, a partir de un modelo basado en la descentralización de las competencias y la ejecución de éstas por una administración más cercana a los ciudadanos, propiciada por la creación de las comunidades autónomas y de una nueva regulación tanto de la administración local como de las instituciones nacionales. Modelo que exige de la lealtad y el respeto de las partes para no incurrir en desequilibrios ni desigualdades, y que en los últimos tiempos ha estado en peligro por aquellos que no aceptan una España en la que primen la solidaridad y la más noble y sincera cooperación entre las regiones y territorios que la integran.
Frente a esos riesgos y amenazas, nuestra Constitución ejerce como el eficaz instrumento que garantiza un trato justo e igual para todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, sus tendencias políticas o sus creencias personales. Pero, para que esos principios de equidad y justicia pasen de mero concepto a palpable realidad, para que cualquier español no pueda ver mermados sus derechos en beneficio de otros compatriotas, las administraciones autonómica y local han de ser beneficiarias con independencia de su afinidad política, de un adecuado y equitativo reparto de los fondos públicos cuyo reparto es responsabilidad del Gobierno.
Ahora que las comunidades autónomas ya ejercen competencias básicas, anteriormente exclusivas del Estado, como la Educación o la Sanidad, esos principios de igualdad y justicia se hacen más necesarios que nunca, porque sin los recursos necesarios que la ley les reconoce, se verán maniatadas e incapaces de cumplir con la debida diligencia el mandato constitucional por el que la actuación de las administraciones públicas ha de servir con objetividad a los intereses generales, obedeciendo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Sólo así podrán afrontar de manera eficaz nuestras comunidades autónomas y ayuntamientos cuestiones tan fundamentales como el incremento de la población, la atención adecuada a las exigencias que plantean los flujos migratorios, o las necesidades concretas de cada territorio en materia de infraestructuras o, en el caso de la Región de Murcia, su déficit hídrico estructural.
Y, para ello, hemos de reivindicar más que nunca la vigencia del espíritu del que nació nuestra Constitución; de los valores intrínsecos que de ella emanan como la generosidad, la concordia, el diálogo, el consenso o la fraternidad a la hora de forjar, entre todos, nuestro desarrollo como una sociedad moderna y desarrollada. Como una España que reacciona unida ante las necesidades reales de las personas a través de unas administraciones públicas sensibles y comprometidas con sus ciudadanos. Entre ellas ha de primar la colaboración a todos los niveles, marcada por principios constitucionales como la lealtad y la objetividad, y su actuación ha de estar dirigida a afrontar la difícil situación que ahora vivimos a causa de la crisis.
Hoy, más que nunca, conmemoramos el triunfo de la democracia, el éxito de un admirable proceso que, a través de la participación ciudadana, permitió a los españoles dotarse de una Norma Fundamental que salvaguarda nuestra convivencia en paz, democracia, igualdad y libertad; de un nexo de unión que contribuye decisivamente a que, movidos por el justificado orgullo de formar parte de una gran nación, podamos construir juntos un futuro de prosperidad y bienestar basado en el respeto a la discrepancia y la pluralidad, la solidaridad interterritorial y la cohesión de los pueblos de España. Un estimulante propósito en aras del bien común al que la Región de Murcia y los murcianos seguirán contribuyendo con la lealtad institucional y el noble proceder de los que han hecho gala estos últimos 32 años.
Ramón Luis Valcárcel Siso Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
