Trabajo y Empleo
Conciliaciones Laborales

Régimen Jurídico de la Declaración de huelga

RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA.

ARTÍCULO 28.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".
ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

CÓDIGO PENAL. TÍTULO XV.DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. Artículo 315.3.

Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.

RÉGIMEN JURÍDICO PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

ART. 103.3 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

ART. 409 DEL CÓDIGO PENAL.

A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses.