Presidente

Los españoles conmemoramos hoy treinta y seis años de la aprobación en referéndum de nuestra Carta Magna; del texto constitucional que establece y delimita el conjunto de nuestros derechos y libertades, y que, asimismo, garantiza y ampara su cumplimento.

Celebramos, pues, un nuevo aniversario de la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, del brillante colofón a la dispar historia del constitucionalismo español que se alumbró en Cádiz hace poco más de 200 años en circunstancias de extrema gravedad para la patria.

Entonces, se creyó, con total acierto, que la superación de tan arduas y complejas dificultades sólo sería posible mediante la redacción de una constitución que permitiera dejar atrás el Antiguo Régimen y edificar una España acorde con el signo de los tiempos, en la que primaran conceptos tan novedosos entonces como la igualdad, la libertad, la separación de poderes o la fraternidad entre los españoles de ambos hemisferios, como integrantes de una sola nación diversa y plural.

Nobles principios que, sin duda, también inspiraron la redacción del texto ratificado mayoritariamente por el pueblo español tal día como hoy de 1978. Una norma de normas que, a pesar de verse sometida últimamente a múltiples embates procedentes de los ámbitos más opuestos, resiste incólume a las arremetidas, demostrando, una vez más, la solidez y vigor que caracteriza a la Constitución Española.

Estabilidad y vitalidad que se antojan hoy día más necesarios que nunca, ahora que se cuestiona el modelo territorial del Estado de las Autonomías consagrado en nuestra Carta Magna, desafiado abiertamente por aquellos que pretenden hacer de su capa un sayo con la ley vigente y manejarla a su antojo y conveniencia.

Si algo ha demostrado nuestra Constitución a lo largo de sus más de siete lustros de existencia, es una proverbial flexibilidad para adaptarse a las circunstancias y afrontar con solvencia aquellos episodios de nuestra historia en que se ha visto puesta a prueba, como aconteció, de una manera tan cruel como injustificada, con la lacra del terrorismo, la intentona golpista de 1981 o, más recientemente, con la mayor crisis económica padecida por los españoles en las últimas décadas.

En esos momentos tan difíciles, tal y como sucediera en la asediada Cádiz de 1812, la Constitución de 1978 ha sido, a un mismo tiempo, un muro de contención frente a la adversidad y el faro que ha guiado en todo momento la actuación de los poderes públicos, salvaguardando, aun en las peores circunstancias, nuestro Estado social y de derecho, y con él, principios tan inalienables como la soberanía nacional, la unidad de España, la igualdad de todos los españoles ante la ley o la solidaridad interterritorial, que tiene en el Trasvase Tajo-Segura uno de sus ejemplos más representativos, bien lo sabemos en la Región de Murcia.

Por tantas y tan justificadas razones, cada aniversario de la aprobación de nuestra Carta Magna representa un motivo de satisfacción y de legítimo orgullo. Y por esas mismas y justificadas razones, quienes abogan insistentemente por reformar la Constitución en materias fundamentales que afectan a la convivencia en paz, democracia y libertad de todos los españoles, deberían, en primer lugar, manifestar respeto a estos fructíferos años de experiencia constitucional compartida y, en segunda instancia, promover el mayor de los consensos antes de embarcarse en empresas condenadas al fracaso por su indefinición, como esa aventura federalista defendida con un fervor sólo comparable a su falta de contenido, o las que, aún peor, atentan directamente contra la propia esencia y los principios de la norma que pretenden cambiar.

España tiene en estos momentos otras prioridades que es necesario atender, como la reducción del desempleo o la consolidación del crecimiento económico en un escenario internacional complicado, al que no hace falta añadir nuevas dosis de inestabilidad y de zozobra.

En quienes demandan estos cambios recae, por tanto, la responsabilidad de justificar la necesidad y el alcance de los mismos: el porqué y el para qué de una reforma cuyos límites han de ser siempre los que marca la propia Constitución y ajustarse estrictamente a los procedimientos que especifica nuestra Carta Magna para su modificación, tal y como ya ha sucedido anteriormente.

Y ese proceso reformista, de llevarse a cabo, contará, como siempre ha sucedido en situaciones anteriores, con la lealtad institucional de una Región de Murcia que sigue creyendo en aquel ilusionante reto que se puso en marcha hace treinta y seis años en pos de hacer realidad una España moderna, democrática y libre, más igualitaria y justa, plural y solidaria, donde cabemos todos y nadie sobra, cuyo futuro sólo lo decide y construye el pueblo español en su conjunto.

Alberto Garre López

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia